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La minería ilegal de oro en la Amazonía también se mide en derechos humanos vulnerados

La Clínica Jurídica Espeletia – Red para la Gobernanza Climática del Territorio participó en la consulta técnica convocada por la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en colaboración con la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), realizada el 23 de julio de 2026 en el Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahíta de la Universidad Externado de Colombia.

El 23 de julio de 2026, se llevó a cabo la mesa de trabajo titulada «Minería ilegal de oro: territorio y afectaciones a los DESCA en la Amazonía y el Escudo Guayanés». La convocó la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la CIDH, con el apoyo de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y de la Clínica Jurídica Espeletia – Red para la Gobernanza Climática del Territorio. En modalidad híbrida, 21 personas expertas participaron en un diálogo técnico y académico.

El encuentro se enmarcó en la elaboración del informe regional: «Minería ilegal de oro: territorio y afectaciones a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en la Amazonía y el Escudo Guayanés», que la REDESCA viene preparando desde una perspectiva interamericana de derechos humanos.

La minería ilegal de oro se ha consolidado como una de las amenazas más graves y complejas para los DESCA en la región. Sus impactos pueden comprometer de forma simultánea e interdependiente los derechos al agua, al saneamiento, a la salud, a la alimentación, al trabajo digno, al territorio, a la identidad cultural y a un ambiente sano. En determinados contextos, además, dicha minería se articula con fenómenos de violencia, con economías ilícitas, con la contaminación por mercurio y la deforestación. El informe de la REDESCA analizará entonces las dimensiones territoriales, transfronterizas, ambientales, sociales, económicas y de gobernanza de esta industria extractiva. También abordará sus efectos diferenciados sobre:

  • Los pueblos indígenas, incluidos los que viven en aislamiento voluntario y contacto inicial;
  • Las comunidades afrodescendientes, ribereñas y locales;
  • Los defensores del territorio, del ambiente y de los derechos humanos.
  • Las mujeres, niñas, niños y adolescentes;
  • Y las comunidades en situación de pobreza y vulnerabilidad;

La jornada reunió a expertas en derechos humanos, derecho ambiental, salud pública, pueblos indígenas y litigio estratégico, junto con representantes de la academia, la sociedad civil y organismos internacionales. La conversación se organizó en tres bloques temáticos:

(i) Caracterización regional de la minería ilegal de oro, su dimensión territorial, transfronteriza y de gobernanza, y los criterios para diferenciarla de la minería informal, artesanal o legalmente autorizada;

(ii) Impactos sobre los DESCA (salud, agua, alimentación, territorio e identidad cultural), contaminación por mercurio, deforestación y afectaciones diferenciadas; y,

(iii) Respuestas estatales, debida diligencia empresarial, trazabilidad del oro, acceso a la justicia y cooperación regional.

Según el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), de la organización Amazon Conservation, solo entre abril y septiembre de 2025 la minería de oro deforestó 37.109 hectáreas en los nueve países amazónicos. Brasil (15.538 ha), Perú (6.511 ha) y Guyana (4.942 ha) registraron la mayor expansión. El MAAP la califica como uno de los principales motores de deforestación en toda la Amazonía. A la pérdida de bosque se suma la contaminación con mercurio, el cual se usa para separar el oro y termina en los ríos, en los peces y en las personas. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la minería de oro artesanal y en pequeña escala emite más de 2.000 toneladas de mercurio al año y provoca el «37% de la contaminación por mercurio en el mundo, más que cualquier otro sector». Se estima además que hasta 100 millones de personas están expuestas de manera directa o indirecta a ese mercurio.

Al cierre de la jornada, el Relator Especial sobre DESCA, Javier Palummo, destacó el desafío que supone elaborar un informe de derechos humanos sobre esta problemática a partir de los estándares del Sistema Interamericano y del derecho internacional, en diálogo con otras disciplinas y áreas del derecho. Agradeció los aportes de las personas expertas y señaló que el informe busca ser una herramienta útil para fortalecer las políticas públicas y orientar el trabajo de los Estados, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades afectadas. Esta consulta representa un insumo complementario dentro de un proceso más amplio de recolección de datos sobre la problemática, que incluye además un llamado público a contribuciones dirigido a Estados, sociedad civil y academia.

Si quieres saber más sobre la minería ilegal de oro en la Amazonía, puedes consultar:

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Imagen de portada: Ibama / Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0).