Escazú Ahora: Nuestra Voz en el Congreso de la República por la Democracia Ambiental
El pasado 4 de diciembre, la Clínica Jurídica Espeletia participó activamente en la Audiencia Pública sobre la implementación del Acuerdo de Escazú en el Congreso de la República.
No fue solo un acto protocolario; fue una oportunidad crucial para exigir que el tratado más importante para la defensa ambiental en América Latina deje de ser un «papel» y se convierta en una realidad territorial en Colombia.
Como lo compartimos en nuestras redes, nuestro equipo llevó propuestas técnicas y críticas profundas sobre el estado actual de la gobernanza ambiental en el país.
Manuel Páez
«Escazú exige una adecuación sistemática, no dispersa»
Nuestro coordinador, Manuel Páez, presentó un balance sobre los avances normativos. Aunque reconoció esfuerzos como el proyecto de Comisión Intersectorial y programas piloto como «Alerta por mi Ambiente», fue enfático en la necesidad de superar la dispersión normativa.
«No se ha verificado aún una completa y sistemática adecuación del marco jurídico interno a la luz de los estándares de Escazú. Persisten lagunas y desarticulación entre las normas y las políticas vigentes.»
Sus 3 recomendaciones clave:
- Definir la Información Ambiental: Precisar el alcance del secreto empresarial para que no sea un obstáculo a la transparencia activa.
- Hoja de Ruta Inmediata: Colombia debe seguir el ejemplo de países como Argentina y Chile, adoptando una ruta de implementación con ejes temáticos claros.
- Justicia Especializada: Es urgente contar con jueces y procedimientos especializados que entiendan la complejidad de los conflictos ambientales.
David Rodríguez.
«Al restringir un mecanismo participativo que ya existía y que permitía a las comunidades incidir en decisiones de alto impacto, la sentencia SU-095 de 2018 puede interpretarse como un retroceso en la garantía de los principios de transparencia y participación pública (Art. 3 Escazú)»
Por su parte, el abogado de la clínica David Rodríguez puso en debate uno de los temas más sensibles: la participación ciudadana frente a proyectos de exploración y explotación de recursos no renovables. David cuestionó el precedente de la sentencia SU-095 de 2018, que revocó una consulta popular desarrollada en el municipio de Cumoral Meta y estableció que los municipios no pueden prohibir actividades extractivas por medio de mecanismos de participación porque estas son competencia exclusiva de la Nación.
La decisión de la Corte no se ajusta plenamente a los principios de participación amplia y efectiva de Escazú. Se eliminó el único mecanismo que permitía la participación directa y se generó un vacío institucional. indicó David.
David instó al Congreso a crear mecanismos legales claros de participación temprana que reconozcan el conocimiento local y protejan a quienes defienden el territorio, asegurando que la oposición territorial sea vista como un ejercicio democrático legítimo.
Nuestra participación en esta audiencia reafirma que desde la academia estamos listos para incidir. Como mencionamos en nuestro Instagram, el Acuerdo de Escazú es un piso, no un techo, y desde el Externado seguiremos vigilando que su implementación sea inclusiva, transparente y, sobre todo, segura para los líderes ambientales.